Milei despide a 24.000 empleados públicos en Argentina: “Nadie sabe quién será el próximo”

 

Los trabajadores estatales denuncian que los recortes dejan en suspenso funciones públicas.

Javier Milei cree que “el Estado es el enemigo”, “una asociación criminal” a la que busca reducir a su mínima expresión entre críticas y aplausos de una sociedad polarizada. Cuando asumió como presidente de Argentina, en diciembre, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y esta semana ordenó 15.000 despidos más. Se avecinan nuevos ceses de personal a mitad de año, pero no se sabe cuántos ni quiénes serán. En ese clima de incertidumbre están unos 50.000 trabajadores: son los que no tienen una plaza fija, sino contratos temporales. Antes se los renovaban una vez al año; ahora, saben que superaron la primera etapa, pero sus puestos sigue en revisión por tres o seis meses más.

“Estamos viviendo una situación de terror psicológico”, afirmaba una trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia el pasado miércoles. Tenía miedo a dar su nombre por posibles represalias, como otros de los entrevistados. “Milei dijo que iba a haber 70.000 despidos, luego dijeron que 15.000, que 20.000. Ese ida y vuelta impacta en nuestra salud mental y en la vida cotidiana, está todo el mundo paralizado sin saber qué va a pasar, nadie sabe quién será el próximo”, agregó horas antes de que los superiores comenzasen a notificar a quiénes no iban a renovar los contratos que vencen el 31 de marzo. Esa Secretaría es la dependencia estatal más afectada, con 1.656 bajas, casi la mitad de las 3.600 registradas en todo el Ministerio de Capital Humano.

Milei, un economista que se autodefine como anarcocapitalista, anunció desde el primer día que se avecinaba un importante recorte del personal estatal. Como primera medida exigió un 100% de presencialidad para desenmascarar a los “ñoquis”, como se conoce en Argentina a los trabajadores estatales ficticios, colocados por los partidos, que solo acuden a la oficina un día al mes para cobrar. Se llaman así porque los gnocchi, plato típico italiano, se sirven el 29 de cada mes en los restaurantes argentinos, y es una fecha cercana a la del cobro de sueldos.

A punto de cumplir cuatro meses de mandato, la orden de Milei fue reducir entre el 15% y el 20% del personal estatal con contratos temporales. El argumento oficial es que Argentina es “un país empobrecido” con un Estado demasiado grande e ineficiente. “Me parece que hay un consenso bastante generalizado de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina que vivimos y con el tamaño del Estado que la gente votó en las urnas”, dijo el miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Según un análisis de la Fundación Mediterránea, a mitad de 2023 Argentina empleaba a 20 trabajadores estatales por cada 100.000 ocupados, una relación que ponía al país sexto en la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Francia. En términos cualitativos, sin embargo, el país se coloca debajo de la mitad de la tabla en un índice del Banco Mundial que mide la eficacia de gobierno y donde obtuvo un puntaje de 41,9 sobre 100 en 2022.

Algunos empleados intuían desde hacía semanas que su nombre estaba en la lista de despidos. Es el caso de quienes trabajaban en la sección de pauta [publicidad] oficial, cancelada por Milei durante un año al asumir. “Una oficina que trabajaba a destajo se paralizó y nos quedamos sin funciones”, dice una de las trabajadoras despedidas de ese departamento. Lamenta que por esa decisión oficial el Gobierno no haya lanzado una campaña de prevención del dengue en los medios aun cuando Argentina atraviesa el peor brote de su historia, con más de 150.000 casos y 106 muertos.

Los empleados de esta sección iban cada día a cumplir su jornada laboral de ocho horas sin tener nada que hacer. “Era tortura psicológica”, señala la entrevistada despedida. Su mayor temor, confirmado dos días atrás, era quedarse sin el seguro médico que provee el Estado y gracias al que su hijo con discapacidad podía acceder a tratamientos que ahora quedarán interrumpidos.