Hemos acudido en el día de hoy a esta región fronteriza para, en nombre de nuestro Partido, La Fuerza del Pueblo, y en el mío propio, expresar nuestra más profunda indignación por la reiterada violación a nuestra Soberanía nacional en que incurren organismos internacionales, como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La más reciente ha sido la carta abierta dirigida a las autoridades de nuestro país por Amnistía Internacional, en la cual solicita, entre otras cosas, que se detengan las expulsiones colectivas de personas haitianas y solicitantes de asilo.
Al rechazo de la frontera y que deben suspender las deportaciones forzadas, ya sean individuales o colectivas de personas haitianas. ¿Quién le dio autoridad a Amnistía Internacional para trazar esas pautas al Pueblo Dominicano? ¿Cuáles son sus prerrogativas o competencias legales para reclamar tales exigencias? ¿Porque se consideran ellos que se encuentran por encima de los atributos de soberanía de nuestro Estado Nacional para imponernos su criterio?
Podemos compartir su filosofía de respeto a los derechos humanos, que consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de conocimiento de las condiciones específicas y concretas que puedan estar ocurriendo en un país, pueden inducirles a error.
En esas circunstancias, en lugar de obrar en forma justa, estarían haciendo lo contrario, como es el caso en que están incurriendo con la República Dominicana.
¿Como es eso de que nuestro país debemos adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar y prevenir la discriminación racial en la implementación de nuestras políticas migratorias y sistemas de asilos, y adoptar protocolos para impedir la expatriación y reparar daños a aquellas personas afectadas, así como restituir la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana?
¿Quien a dicho que aplicamos medidas de discriminación racial en la ejecución de políticas migratorias y sistemas de asilo ?
Con anterioridad a Amnistía Internacional, La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR), había expresado también que los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país.
Todas esas proclamas son infundadas. No se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y resultan violatoria a nuestra Constitución.Ninguna entidad extranjera sea sociedad civil u organismos internacional, tiene derecho a desacreditarnos con infundios, ni trazarnos pautas con respecto de medidas que debemos adoptar para proteger a nuestros ciudadanos.
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