La reconocida educadora doctora Jacqueline Malagón defendió los aportes en la propuesta de modificación a la Ley General de Educación 66-97 y el nivel de discusión en torno a la misma, ya que además de contar con voces autorizadas, sigue abierta para que diversos sectores puedan expresarse en torno al nuevo marco regulatorio que se pretende para adecuar el quehacer educativo a los nuevos tiempos y “educar para vivir mejor”.
Entre los puntos novedosos de la propuesta destaca que la educación es laica, estableciendo la libertad religiosa, así como el papel de la familia como veedor del sistema.
Resalta que incluso a los padres se les garantiza el derecho de solicitar que su hijo no sea incluido en la enseñanza religiosa.
“Los padres tendrán mas incidencia en la educación de sus hijos, con responsabilidades expresas en la que los incluye en el quehacer educativo de sus hijos. Los padres podrán participar en la evaluación de los docentes y opinar libremente sobre la gestión y los procesos educativos”, señala Malagón
Además el proyecto establece que la educación seguirá siendo gratuita, obligatoria, inclusiva equitativa y bajo responsabilidad del Estado, en línea con la Constitución.
A estas obligaciones se agregó velar por la “alfabetización tecnológica” y que se incluyan tecnologías de la información para fortalecer las capacitaciones que demandan los nuevos tiempos.
Se plantea que los procesos pedagógicos y un diseño curricular o que ofrezca lo que los estudiantes deben conocer al egresar de la secundaria, garantizar el reclutamiento de los mejores prospectos para la formación docente y del personal administrativo y técnico que garantice un acompañamiento que conduzca los mejores aprendizajes. El proyecto plantea que el currículo esté acorde con los tiempos modernos y que sea revisado cada tres o cuatro años.
Gobernanza
En cuanto a la administración del sistema, indica que el Consejo Nacional de Educación, que actualmente es el máximo organismo de gobierno, ahora será un ente consultivo y deliberativo, con menos miembros.
Malagón resalta que se da mayores funciones a las juntas de centros, ampliando la descentralización del manejo de fondos.
Mientras que en el ámbito del financiamiento se establece el crecimiento sostenido de la inversión actual del 4% hasta alcanzar el 6% en 2030.
Respecto a que los docentes puedan pensionarse con 25 años de labor y el 100 por ciento del salario, Malagón explica que esto estaría condicionado a un estudio actuarial que legitime el impacto fiscal de esa medida.
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