El 'caso novio' que remueve la
política en España con estafas, bulos y amenazas
La pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está acusada de dos delitos fiscales y de falsedad documental.
Posibles casos de corrupción y las amenazas a
la libertad de prensa en España son solo el saldo de una polémica que
involucra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero
que impacta a la política nacional por la pugna entre los dos principales
partidos del país.
Los acontecimientos se precipitaron después de que
aparecieran informaciones de presuntos delitos fiscales por parte de Alberto
González Amador, novio de Ayuso. La noticia derivó en una arremetida
contra los medios que la difundieron y ha continuado con acusaciones
cruzadas en el Congreso de los Diputados que involucran a las cónyuges del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular
(PP), Alberto Núñez Feijóo.
Un novio comisionista acusado de
delitos de fraude fiscal
La semana pasada, elDiario.es informó que la Fiscalía le había
denunciado a la pareja de Ayuso, después de que una investigación de la Agencia
Tributaria concluyó que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de
falsedad documental en los las declaraciones de los ejercicios 2020 y 2021.
“El juzgado número 19 de Madrid ha imputado a Alberto
González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por
delitos fiscales y falsedad documental” https://t.co/AYVB0RLX9npic.twitter.com/RXgoYhOBWg
— Jesús Cintora (@JesusCintora) March 22, 2024.
Posteriormente, se reveló que Gonzáles
Amador había utilizado al menos 15 facturas falsas y sociedades pantallas
radicadas en el extranjero para pagar 350.000 euros menos de impuestos.
Con ello, trataría de enmascarar comisiones por casi dos millones de
euros, provenientes de la intermediación en la compraventa de mascarillas
en lo peor de la pandemia de coronavirus.
Con esos beneficios presuntamente fraudulentos,
González adquirió un piso en una de las zonas más caras de Madrid, valorado en
un millón de euros. La mitad habría sido abonado en efectivo.
Además, por las mismas fechas, una sociedad
administrada por el novio de la presidenta madrileña adquirió el piso
inmediatamente superior. Dos viviendas que, en total, suman más de 180 metros
cuadrados en las que González Amador reside junto a Díaz Ayuso. También se
compró un Maserati del que disfruta la pareja.
Mentiras y defensa del novio
Si bien desde el principio se asumió que el caso
afectaba a un particular y que no estaba relacionado con la gestión de la
administración pública, desde el principio se apuntó a la posible participación
a título lucrativo de Díaz Ayuso, al beneficiarse de bienes adquiridos con
fondos de dudosa procedencia.
Díaz Ayuso: “Hasta donde sé, mi pareja
sufre una inspección fiscal salvaje. No debe 350.000 euros, sino que Hacienda
le debe 600.000”. Ayuso afirma que su novio es víctima y advierte a Sánchez
relacionándolo con República Dominicana.
Sin embargo, el comportamiento de la
presidenta madrileña se puso en entredicho cuando dio explicaciones públicas en una
comparecencia ante los medios de comunicación. Entonces, negó el fraude de su novio
y alegó que era Hacienda quien le debía casi 600.000 euros, hechos que se
demostraron falsos.
Apenas 24 horas después se conoció que
González, a través de su abogado, había reconocido a la Fiscalía la comisión de dos delitos
fiscales y se ofreció a pactar para reducir las consecuencias penales.
Las instituciones en tela de juicio
A través de todo este periplo, Díaz Ayuso y otros
miembros de su partido, el conservador Partido Popular, principal fuente de la
oposición en el país, comenzaron a atacar a las instituciones públicas,
como la Agencia Tributaria y el Ministerio Público, alegando que se trataba de
la instrumentalización de los poderes del estado para destruirla.
El choque se exacerbó tras la difusión de un comunicado de la Fiscalía Provincial
de Madrid para rebatir varias de las informaciones expresadas por Díaz Ayuso y
su entorno. Por este texto, la institución fue acusada de revelación de
secretos.
Los periodistas en la picota
El capítulo más oscuro es el protagonizado por Miguel
Ángel Rodríguez, conocido como MAR, director del Gabinete de la Presidencia de
la Comunidad de Madrid. Fue él quien filtró el primer correo entre la
Fiscalía de Madrid y el abogado del novio de la presidenta regional con
información tergiversada, que la Fiscalía desmintió con su comunicado.
Después trascendieron las amenazas que
lanzó a elDiario.es, medio que dio la exclusiva de la denuncia sobre el novio
de Díaz. "Os vamos a
triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas",
escribió a la directora adjunta del medio, la periodista Esther Palomera.
Además, esta semana MAR difundió un bulo en el que acusaba a periodistas de ir encapuchados a intentar asaltar la casa de la presidenta madrileña y acosar a los vecinos. Un día después, la mano derecha de Díaz Ayuso admitió a El País haber difundido esa información, que los medios afectados han desmentido.
Las cónyuges en la mira
La polémica rápidamente se trasladó al Congreso de los
Diputados, con la petición de dimisión de Díaz Ayuso y el cese de Miguel
Ángel Rodríguez, por parte de parlamentarios del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y de otras fuerzas minoritarias del hemiciclo.
En este escenario ha subido varios grados
el nivel de crispación política. Desde el PP se ha insistido en ligar a la mujer del presidente de
Gobierno, Begoña Gómez, con un presunto caso
de corrupción relacionado con las ayudas a la aerolínea Air
Europa, durante la crisis de la pandemia.
Como respuesta, este jueves la ministra
de Hacienda, María Jesús Montero, atacó esgrimiendo informaciones sobre un pago
a la empresa donde trabajaba la mujer
del presidente del PP por parte del Gobierno de Galicia,
cuando era presidido por el propio Feijóo. La noticia fue desmentida horas después por el medio que
la desveló, alegando una confusión de nomenclatura.
En este contexto se han vertido
exabruptos en la Cámara, acusaciones cruzadas y, en conjunto, un clima de
enfrentamiento y división, que muchos comparan con el de la última legislatura
de Felipe González (1993-1996).
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