Una polémica ley migratoria está en el centro
de una batalla entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal de
Estados Unidos.
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el martes
por la tarde que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley
migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes
indocumentados.
Pero dejó la revisión de su legalidad en manos
de un tribunal federal inferior.
Y en la noche del mismo martes, la Corte de
Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. informó que, tras una votación de 2-1,
anuló un fallo de otro tribunal que permitía su aplicación, a la espera de los
alegatos del gobierno de Texas.
La SB4 autoriza a la policía local y estatal
arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la
frontera desde México.
El gobierno del presidente Joe Biden argumenta
que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales, al
interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la
migración.
Y es que la aplicación de las leyes de
inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno
federal.
La SB4 pretende otorgarles ese poder a los
funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su
regreso a México.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de
EE.UU., y antes de la resolución del tribunal federal de apelación, el gobierno
de México dijo que reprobaba su entrada en vigor.
"México no aceptará, bajo ninguna
circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas", señaló
la Cancillería mexicana en un comunicado.
Hasta 20 años de cárcel
Sonia
Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, las tres juezas progesistas de
la Corte Suprema, discreparon con la decisión del alto tribunal.
"El
tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder
federal-estatal y sembrará el caos", escribió
Sotomayor.
La ley podría
"perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de
las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales
de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o
trata", añadió.
La SB4 otorga
a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar
a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente,
excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
La ley
contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados
con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena
se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber
sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la
persona.
La SB4 se
convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de
marzo.
Cuando firmó
la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era
necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden para hacer cumplir las
leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción
deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte", aseguró.
La normativa
ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que
advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también
por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por
considerarla "antiinmigrante".
"México
cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las
más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas,
generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a
expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial", señaló
la Cancillería mexicana este martes.
¿Qué pasará ahora con la ley?
La SB4 es una
de las leyes migratorias más duras adoptadas por cualquier estado en los
últimos tiempos en Estados Unidos.
Tras la
decisión de la Corte Suprema y la posterior suspensión por parte de la Corte de
Apelaciones, el panel de jueces del tribunal federal escuchará este miércoles
los argumentos orales de Texas para poner la ley en efecto.
El fiscal
general de Texas, Ken Paxton, había elogiado la decisión de la Corte
Suprema como una "gran victoria" contra Biden y contra la Unión
Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que impugnó la ley ante los
tribunales.
La ACLU, por
su parte, prometió que no daría marcha atrás hasta que "esta ley
antiinmigrante extrema sea derogada para siempre".
La discusión
sobre la implementación de la SB4 se produce en medio de una creciente
preocupación pública en EE.UU. por la inmigración.
Una encuesta
de Gallup publicada en febrero mostró que casi un tercio de los estadounidenses
cree que la inmigración es el mayor problema que enfrenta su país, por delante
del gobierno, la economía y la inflación.
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